19/03/14
Tensión y fuerte pedido de justicia en el arranque del juicio
Están acusados ex funcionarios del Gobierno nacional, empresarios y el maquinista del tren. Los familiares de las víctimas los repudiaron y se manifestaron en la sala y fuera de los Tribunales.
Pocos juicios orales tuvieron tantos acusados en los tribunales de Comodoro Py. Pero por detrás de ellos y sus abogados, con caras conocidas en el colmado banquillo de los acusados, como las de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, estaban los carteles de más de casi un centenar de familiares de la tragedia de Once.
Con esa imagen se encontraron los jueces del Tribunal Oral Federal 2 apenas entraron a la sala para dar comienzo al juicio histórico en el que se ventilarán no sólo las responsabilidades penales por las muertes de 51 personas hace poco más de dos años en la estación de Once sino también lo que fue la política de subsidios al transporte público y el estado del ferrocarril durante el gobierno kirchnerista.
“Justicia” decían los carteles, la letra T en forma de cruz, la S en forma de 5 y la I en forma de 1, por el número de muertos del accidente ocurrido el 22 de febrero de 2012, cuando el tren conducido por el maquinista Marcos Córdoba se estrelló contra el paragolpes del andén 2 de la estación.
“Justicia” también se escuchó gritar a uno de los familiares, mientras los jueces cedían paso a fotógrafos y camarógrafos antes de la audiencia. Ya la tempranera llegada de Schiavi, acompañado de su familia, había generado algo de zozobra y algunos insultos en la entrada del edificio de los tribunales federales de Retiro.
El mismo reclamo de Justicia y con la misma simbología estaba colgado en más carteles sobre el enrejado del edificio. Y un reclamo parecido le hicieron dos familiares de las víctimas cuando Jaime decidió ir a almorzar al restorán del edificio, en un cuarto intermedio.
Como en todo juicio, más aún los complejos, la primera jornada se insumió con la lectura del requerimiento de elevación a juicio por parte de la Fiscalía y el auto de elevación a juicio por parte del juzgado instructor. La audiencia seguirá el martes 25. Se cree que el juicio finalizará a fin de año.
En la lectura del requerimiento del fiscal Federico Delgado se escucharon palabras tales como “complicidad criminal” entre funcionarios y empresarios, “connivencia” entre ellos, “anarquía”, y también se recordaron los más de $ 1.900 millones que recibió la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) en concepto de subsidios por parte del Estado por la explotación de la concesión de la ex línea Sarmiento, que se le retiró tres meses después del accidente.
“El hecho no se acota en la colisión que, es su resultado final, sino que alcanza a las causas que lo hicieron posible. Básicamente, se trata de las condiciones deficientes en que se prestaba el servicio, debido a que las personas con capacidad de decisión en el conglomerado liderado por “Cometrans & TBA” incumplieron de modo deliberado el contrato de concesión y administraron fraudulentamente los fondos que el Estado proporcionó para esa explotación”, dice la acusación fiscal.
“A ese comportamiento, finalmente, lo hizo posible la complicidad de la Secretaría de Transporte de la Nación, la subsecretaría específica para el área de ferrocarriles de esa cartera y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte”, añadió el fiscal en referencia a la CNRT.
En el banquillo de los acusados, además de Córdoba y 22 directivos y empresarios, se encontraban otros tres ex funcionarios: los ex titulares de la CNRT Pedro Ochoa Romero y Antonio Sicaro, y el ex subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna. Algunos familiares reclamaron que allí debiera estar también el ministro de Planificación, Julio De Vido. A Jaime y Schiavi los sentaron uno al lado del otro, pero ni se hablaron.
Hubo murmullos de reprobación cuando se leyó el auto de elevación a juicio firmado por el juez Claudio Bonadio. Fue en el momento en el que se detallaban los gastos con una tarjeta de crédito a nombre que usaba Sergio Claudio Cirigliano pero que pagaba TBA. Así se enumeraron, por ejemplo, US$ 17 mil en joyas, US$ en muebles de la Polinesia Francesa, US$ 2.500 en carteras y $ 14 mil en vinos.
“Esperamos una condena ejemplar, que se aplique todo el rigor de la ley, que prevalezca la igualdad ante la ley, vengan de donde vengan y se llamen como se llamen”, dijo María Luján Rey, la mamá de Lucas Menghini. Su padre, Paolo, pretende “que se condene el entramado de corrupción política y empresaria que provocó el abandono del sistema ferroviario”. (Clarín)