17/03/14
El Gobierno le teme a la condena social
En el gobierno de Cristina Kirchner existe un clima de cierto optimismo por el juicio que comenzará pasado mañana, por la tragedia de Once. Los allegados a Olivos consideran que los acusados del kirchnerismo, como Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y los hermanos Cirigliano, tienen posibilidades de ser absueltos a juzgar por los últimos peritajes.
Esos estudios indicaban que los frenos funcionaban bien. Pero las víctimas aseguran que esas pruebas fueron mal obtenidas.
La Casa Rosada apuesta a que el maquinista Marcos Córdoba sea condenado por supuestas fallas humanas. Hasta deslizan que Córdoba pudo haber actuado con deliberada negligencia al ingresar con la formación a Once.
¿Qué motivo tendría para arriesgar su vida y chocar el tren contra el andén de la terminal? Los hombres del Gobierno amasaron en estos meses la hipótesis del sabotaje gremial: el sindicato de maquinistas, La Fraternidad, podría haber intentado un llamado de atención para imponer algún reclamo gremial, dicen.
"El sindicato le quiso dar un toque al tren y se pasaron de rosca", señaló a LA NACION un allegado directo de la Presidenta.
¿En qué se basan para abonar esa teoría conspirativa? Por un lado, esgrimen el extraño homicidio del otro motorman, el que condujo la formación hasta la estación Castelar: Leandro Andrada.
¿Buscaron su silencio? A principios de 2013, Andrada fue asesinado de cuatro balazos. Había conducido la formación hasta Castelar sin problemas con los frenos y su testimonio podría complicar a Córdoba, acusan.
Lo extraño del caso es que apenas ocurrido aquel crimen fue el propio sindicato el que puso en duda la hipótesis de un robo. Ese homicidio y los peritajes recientes convencieron a los hombres de Cristina de que Jaime, Schiavi y otros funcionarios de la CNRT, además de los hermanos Cirigliano, no corren riesgo de ser condenados.
De todos modos, la Casa Rosada supone que una absolución a sus funcionarios podría resultar un búmeran para la imagen del Gobierno, porque sería asociada a un nuevo episodio de impunidad.
Los familiares de los 51 muertos de Once redoblarán sus ataques a la Presidenta, a la corrupción kirchnerista, y a la política de trenes que hoy intenta reencauzar el ministro del Interior y Transportes, Florencio Randazzo.
Por ese motivo suponen que el impacto político para el Gobierno será inevitable. El juicio volverá a poner en escena a la tragedia y a los familiares, que fueron muy duros con la Presidenta el 22 de febrero último, durante el segundo aniversario de la tragedia.
Más allá de la sentencia judicial, la condena social recaerá sobre los involucrados. (La Nación)