18/12/13
Los Cirigliano fueron acusados por "lavado" de dinero en TBA
La Procelac pidió a la Justicia Federal que investigue a los hermanos. A los empresarios se les atribuyó "simular" la compraventa de acciones de firmas de su propiedad. La maniobra involucraría la "defraudación" de subsidios que recibían del Estado.
Los hermanos Sergio y Claudio Cirigliano –dueños de TBA– fueron acusados formalmente de lavado de dinero por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La investigación, llevada adelante también por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP, arrojó como conclusión que mediante la "simulación" de la compraventa de acciones de diversas empresas que ellos mismos controlaban, inyectaron al mercado financiero dinero "producto de maniobras defraudatorias" con los subsidios que recibían del Estado a través de TBA por la explotación de los ferrocarriles. El dictamen del fiscal Carlos Gonella, que recayó en el juzgado a cargo de Luis Rodríguez, pidió además que la acusación sea incorporada al juicio oral por la Tragedia de Once, que se realizará en febrero próximo, y a la causa que investiga el desvío de subsidios destinados al transporte.
La pesquisa se inició con un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), fruto de la alerta dada por el Banco Santander Río el 10 de septiembre de 2012 por operaciones realizadas a través de la cuenta de la firma FAVICOR SA, entre diciembre de 2011 y abril del año siguiente, por más de 21 millones de pesos. Víctor Astrella, Jorge Álvarez, Marcelo Claderón y Marcelo Paradiso también quedaron involucrados como empleados de esa firma que administraba los fondos del Fideicomiso Trenes de Buenos Aires SA, pero cuyas transacciones no acreditaban el origen de los fondos, ya que para entonces el gobierno le había quitado la concesión del ferrocarril Sarmiento. Utilizó más de 242 millones de pesos para la compra de moneda extranjera e inversiones de portafolio en el exterior.
Allí comienza una madeja de operaciones financieras cruzadas entre empresas del mismo grupo, cambios en los paquetes accionarios y una serie de inconsistencias que fueron reportadas por los organismos de control. "Las pericias contables ejercidas sobre la documentación secuestrada en el marco del proceso permitieron constatar la existencia de diversas maniobras relacionadas con el manejo de los fondos que la firma TBA recibía en concepto de subsidios por parte del Estado", indicó el dictamen al que accedió Tiempo Argentino.
El 7 de enero de este año, el Banco Central informó que un grupo de personas físicas y jurídicas sin aparente solvencia económica suficiente adquirieron entre agosto de 2006 y fines de julio de 2012 el paquete accionario por casi 100 millones de pesos. En la maniobra –que el BCRA consideró que pudo haber sido bajo la forma de testaferros– fueron involucradas las empresas de transporte de pasajeros Plus Ultra SA, Empresa Dumas SA, Transporte Automotor Plaza SA; las firmas dedicadas a la actividad financiera SITA SRL y Grupo Plaza de Inversión SA; junto a Álvarez, Carlos Alberto Lluch, Verónica Urmenyi, Jorge Rubén Lago y Antonio Cirigliano. Toda la operatoria fue considerada sospechosa por no poder constatarse el origen de los fondos y por la imposibilidad de seguir la ruta del dinero.
Por su parte, la AFIP también realizó un ROS sobre Grupo Plaza de Inversión el 22 de marzo pasado, e incluyó a Mario Francisco Cirigliano y a su hermano Sergio Claudio por la compra venta en 2006 del paquete accionario de un grupo de sociedades denominadas “Larga Distancia” (Plus Ultra, Dumas, SITA) por $18.348.000 pesos. El 2 de enero de 2007 fue vendido nuevamente por casi 40 millones de dólares.
La primera de las maniobras descriptas tiene relación con la "transferencia sucesiva" del paquete accionario de Larga Distancia en dos momentos clave. LLuch y Álvarez, el 14 de septiembre de 2006, compraron por cuenta y orden de los Cirigliano a sus dueños originales por 32 millones de dólares. Para la AFIP, la operación sospechosa surge de comparar la proximidad de fechas de las operaciones y los 6 millones de dólares de diferencia entre una y otra instancia, algo que no pudo justificarse en ninguna variación de sus activos solo cuatro meses después.
Inmediatamente se produjo el traspaso a las sociedades Grupo Plaza de Inversión (GPISA) –un 65%– y a Transporte Automotor Plaza (Tapsa) –el 35% restante– en 2007. El monto por el cual se consumó el negocio fue "excesivo y exagerado" por lo que puso en alerta a las autoridades. El patrimonio neto de las empresas era de 13 millones de pesos y la valuación de sus bienes, de poco más de 22 millones, pero el precio de venta fue de casi 32 millones de dólares, un equivalente a $ 99.597.545 pesos.
Álvarez y Lluch eran parte del Grupo Cirigliano como empelados directos. A su vez, "las firmas GPISA y Tapsa compraron el 100% del paquete accionario de Larga Distancia a Mario Francisco y Sergio Claudio Cirigliano, aclarándose que si bien estos actuaron como presidente y vicepresidente de GPISA no contaban con participación accionaria en dicha empresa, pero si lo hacían en GPI División Internacional –con domicilio en España–, que a su vez es controlante de GPISA", destaca el escrito a través del cual se abrió una nueva denuncia penal en la justicia federal.
La AFIP constató que las remesas de fondos para solventar la compra accionaria no partieron de GPISA, sino de la empresa EME&DE –también con accionistas vinculados entre sí– que fueron derivados bajo la forma de un "pasivo ficticio", lo que en rigor constituye un incremento patrimonial no justificado.
Todos indicios de que las maniobras podían tener origen en lo que también será ventilado a partir de marzo, cuando el juicio por la Tragedia de Once aborde el costado de los subsidios que recibían las concesionarias para prestar el servicio del ferrocarril Sarmiento. (Tiempo Argentino)