22/08/13
Trenes: investigan un presunto fraude de 200 millones de euros
Avanza una causa contra Jaime y Schiavi por la compra de material rodante "altamente deteriorado" en España y Portugal
El juez federal Julián Ercolini investigará una presunta estafa al Estado de más de 200 millones de euros por la compra de vagones usados a España y Portugal entre 2004 y 2010. Las operaciones se hicieron a través del Ministerio de Planificación, que dirige Julio De Vido, y estuvieron a cargo de la Secretaría de Transporte, que durante la primera etapa de las negociaciones encabezaba Ricardo Jaime y, al final, Juan Pablo Schiavi. "No existen informes técnicos ni económicos que justifiquen el precio del material adquirido, el cual se encuentra altamente deteriorado y sin garantías de su efectiva reparación", afirmó el fiscal federal Federico Delgado, que en junio pasado presentó el requerimiento de instrucción que dio impulso a la causa. Desde entonces, el expediente estuvo demorado por un conflicto de competencia. Ayer, volvió al juzgado de Ercolini, que, según parece, será su juez definitivo. En su requerimiento de instrucción, Delgado hizo referencia a un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que detectó "graves irregularidades" en la compra de los vagones. El fiscal destacó la "verosimilitud" de ese informe y pidió que el juez cite a declarar en indagatoria a "los responsables señalados por la AGN". Esta Auditoría, máximo organismo de control de las cuentas públicas, responsabilizó a la Secretaría de Transporte y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Advirtió la falta de un "análisis de razonabilidad de los precios" en relación con la calidad del material rodante que se compró; dijo que se pagó por servicios nunca prestados y que hubo contratos -redactados de manera "imprecisa"- que se firmaron sin la debida "intervención de los servicios jurídicos" del Estado. También, que por lo menos el 40% del material rodante "se encuentra fuera de servicio, deteriorado, sin que se hubieran realizado las tareas de reparación necesarias". En cuanto a la compra en Portugal, la AGN advirtió, por ejemplo, que se omitió prever los gastos de flete, que representaron entre el 30 y el 50% del valor total de la operación. Esta causa se inició por la denuncia de un grupo de legisladores de la UCR que, sobre la base del informe de la AGN, sostuvieron que se pagaron altísimos costos "por material que no sirve ni para desguace". (La Nación)