03/07/13
Once: el Gobierno quiere que la Corte lo habilite a ser querellante
Por cuarta vez en poco más de un año, el Estado nacional reclamó ante la Justicia ser querellante en el juicio por la tragedia de Once. A través de los abogados del Ministerio del Interior, presentó un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema defina esa cuestión antes del debate oral, que aún no tiene fecha. Para justificarlo, apeló a una ley del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. “El artículo 4 de la ley 17.516 dispone que sin perjuicio de la intervención que en el proceso penal corresponda a los fiscales, el Estado podrá asumir la función de querellante cuando se cometan delitos contra el patrimonio o a las rentas fiscales, entre otros supuestos”, dice el recurso presentado por el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Interior, Alejandro Amaro, ante la Sala III de la Cámara de Casación. El Estado nacional pidió ser querellante en la causa por primera vez apenas dos días después de la tragedia. El juez Claudio Bonadio y luego la Cámara Federal lo rechazaron. Hace menos de un mes, la Cámara de Casación tampoco hizo lugar al planteo del Estado: lo consideró “una contradicción” ante el eventual reclamo civil de los familiares. Los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky también tuvieron en cuenta que en la causa están imputados los ex secretarios de transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Ese fallo también utilizó como argumento que la representación del Estado se encuentra garantizada por el Ministerio Público Fiscal. Para los abogados del Estado, sin embargo, el tribunal “omitió la ponderación de una norma vigente”, la 17.516, sancionada en octubre de 1967. “El Estado –se lee en el recurso extraordinario– tiene una doble legitimación para querellar, por la norma precedente, y también porque por vía del Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de la administración general del país”. Uno de los abogados querellantes, Gregorio Dalbón, vaticinó que la Corte rechazará nuevamente la pretensión del Estado: “Jamás un Estado cómplice de la tragedia, con funcionarios procesados como Jaime, Schiavi o Sícaro, puede ponerse a la altura de las víctimas que representamos, porque es claramente victimario”. Y agregó: “El Estado Nacional insiste en ser querellante porque cree que sus funcionarios quedarán impunes ”. La causa por la tragedia ya fue elevada a juicio oral. La semana pasada venció el plazo para presentar medidas de prueba y ahora el Tribunal Oral Federal Nº 2 debe poner la fecha del juicio. Entre los imputados que serán juzgados se incluyó a Mario Cirigliano. El fiscal Ramiro González –en reemplazo de Federico Delgado– firmó en las últimas horas un extenso dictamen y sumó al empresario a la nómina de imputados. (Clarín)