05/06/13
Ahora se plantean nuevas dudas
La reestatización de los ferrocarriles de carga que operaba la brasileña ALL era una medida cantada desde el segundo semestre de 2012. Desde que se hizo cargo de Transporte hace un año, Florencio Randazzo le venía apuntando a esta ferroviaria por la falta de inversiones y los incumplimientos de las obras contractuales que arrastraba desde hace más de una década. En el caso del Tren de la Costa, se abre un nuevo problema: qué pasará con el Parque de la Costa, en Tigre. En octubre pasado, el Gobierno dispuso la realización de “auditorías integrales” a ALL Central (ex ferrocarril San Martín) y a ALL Mesopotámica (ex Urquiza) para determinar el estado de las vías y calcular el supuesto daño patrimonial que sufrió el Estado por la no concreción de las obras. En marzo pasado, la AGN, que encabeza Leandro Despouy, ya había puesto sobre el tapete la crítica situación de ALL Central con un informe que destaco las siguientes anomalías: Desde mediados de los 90 hasta octubre pasado, la empresa acumuló una deuda con el Estado en concepto de canon por $ 237 millones. Del plan de obras comprometidos por US$ 349 millones, la empresa sólo ejecutó el 9,75%. El 30% del total de flota concesionada se encuentra sin posibilidades de uso. Ahora el Gobierno busca remendar la falta de control sobre la concesión con una medida que abre nuevos interrogantes: cómo hará la administración para operar esos trenes y de donde sacará recursos para los arreglos y reparaciones mínimas y urgentes que demandan las líneas. En el caso del Tren de la Costa, la decisión también plantea dudas. El Gobierno ya venía pagando los sueldos desde hace varios años. Pero con este servicio de pasajeros que había sido rehabilitado en los 90 por el grupo Soldati se presenta otro problema. El tren formo parte de una concesión integral que i ncluía parte de los terrenos del parque de diversiones. Pero como el Grupo Soldati separó los negocios del tren y el parque sin la aprobación del Estado, ahora el Gobierno puede reclamar una participación en esos emprendimientos y exigir el pago de alquileres y cánones por el uso de las tierras ferroviarias. (Clarín)