25/01/13
Tragedia de Once: exigen investigar también a De Vido
Los familiares de los 51 muertos entienden que el ministro de Planificación ha sido una pieza clave en el andamiaje político kirchnerista que posibilitó el accidente. De él dependían los millonarios subsidios para las empresas, que no derivaron en mejoras.
Tres de los cuatro grupos de familiares de las víctimas de la tragedia de Once, que son querellantes en la causa judicial, presentaron ayer sus acusaciones contra los imputados en la investigación del choque del tren que dejó un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos. Dos de las querellas dejaron fuera de la acusación al maquinista del tren, Marcos Córdoba. También fueron dos las que pidieron que se investigue también al ministro de Planificación, Julio de Vido, quien tuvo bajo su mando a la Secretaría de Transporte desde el inicio del kirchnerismo hasta después de la tragedia en el Sarmiento.
A Córdoba lo acusa la querella que encabeza el abogado Gregorio Dalbón que también pide que De Vido sea sumado al expediente. Los familiares representados por María del Carmen Verdú y Marcelo Parrilli (en conjunto) y a Miguel Arce Aggeo no acusan al maquinista. Parrilli y Verdú también pidieron que De Vido, el hombre que manejó políticamente los subsidios millonarios que se repartieron en el área de Transporte, sea investigado.
De Vido fue el jefe de los ex secretarios de Transporte: Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; del subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna y de quienes fueron interventores en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Ochoa Romero y Eduardo Sícaro. Todos van a juicio oral y público junto con los empresarios del Grupo Cirigliano que condujeron la concesión del Sarmiento.
Las querellas también se diferenciaron acerca de la responsabilidad que cabe a los ex funcionarios y a los empresarios ferroviarios en el choque de Once. Para Dalbón, los funcionarios y los dueños de TBA son responsables de delito de descarrilamiento doloso-intencional y con penas de hasta 25 años, y administración fraudulenta por el modo en que distribuyeron y usaron los subsidios. Al maquinista y a los gerentes operativos de TBA les atribuye el delito de descarrilamiento culposo, sin intención.
Arce Aggeo mantuvo la calificación de la Cámara Federal y acusó a todos por descarrilamiento culposo y administración fraudulenta. En cambio Parrilli-Verdú responsabilizaron a ex funcionarios y empresarios por descarrilamiento doloso.
Coincidencia
Independientemente de qué escrito de acusación se lea, todos coinciden en las líneas generales acerca del modo que se desencadenó la tragedia: que hubo desidia e inoperancia en la manera en que TBA llevó adelante la concesión. Que los funcionarios toleraban ese modo de brindar el servicio ferroviario y no controlaron que se cumpliera con las condiciones obligatorias de mantenimiento del Sarmiento. Que los funcionarios enviaban dinero público a TBA y la empresa maximizaba sus ganancias sin que hubiera contralor desde el Estado.
La única querella que no presentó aún su acusación -la familia de Lucas Menghini Rey, el último muerto hallado entre los restos del tren- lo hará el lunes. Vaticinan en Tribunales, que será tan o más dura que la que hicieron los otros querellantes en la causa. (Los Andes)