05/09/12
Randazzo hizo renunciar a otro imputado por la tragedia de Once
Ya no quedan funcionarios públicos en actividad entre los indagados en la causa judicial por la tragedia de Once. Ayer dejó de ser subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna, un hombre de estrechos vínculos con La Fraternidad, el gremio de los maquinistas. Luna había llegado a su cargo en 2006 cuando el secretario general de la CGT, el camionero Hugo Moyano era un hombre de consulta a la hora de designar funcionarios en áreas vinculadas con su gremio. Ayer le pidió su renuncia Florencio Randazzo, ministro de Interior y Transporte. Hace una semana otro de los funcionarios indagados por el juez Claudio Bonadio y que continuaba en actividad renunció a su cargo. Eduardo Sícaro que fue imputado debido a su actuación como interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) había sido promovido por Randazzo. Por el decreto 1467/2012 Sícaro fue designado Subsecretario de Regulación Normativa del Transporte de la Secretaría de Transporte el 16 de agosto pasado. Su nombramiento trascendió recién el 29 de agosto: los familiares de las víctimas de la tragedia de Once repudiaron enérgicamente el ascenso de Sícaro quien renunció. En su carta de dimisión aseguró que su designación “ha generado en los familiares de las víctimas un profundo malestar en el entendimiento de que se estaba premiando a un imputado de la causa judicial”. Sin embargo, explicó que “si bien es de mi convencimiento que realicé mis tareas acorde con las funciones que tenía atribuidas y he dado explicaciones e informes que la Justicia me ha solicitado, no estando resuelto aún el grado de responsabilidad de los imputados y en particular el mío propio, vengo a presentar mi renuncia.”. En el caso de Luna, las versiones indican que fue Randazzo quien le pidió que dejara su cargo y que esa decisión “no tiene relación” con la situación procesal en la causa del choque de Once. El juez Bonadio espera el resultado del peritaje contable para determinar cómo utilizó la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) los más de $ 3500 millones que el Estado le otorgó en subsidios para la explotación de los ferrocarriles Sarmiento y Mitre. Peritos contadores analizan hacia dónde salía el dinero que entraba a TBA. Cuando llegaron los informes parciales los imputados de TBA plantearon la nulidad del peritaje. Y en las últimas semanas pidieron la recusación del juez Bonadio. Quieren que sea apartado de la causa: lo acusan de haber perdido imparcialidad. (Clarín)