19/04/12
El fiscal acusa al Gobierno de “complicidad criminal”
El fiscal federal Federico Delgado cree que hubo una “connivencia” entre funcionarios del Gobierno y directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) para no mejorar el estado del sistema ferroviario que, según su óptica, terminó con algo anunciado: el choque del tren que el 22 de febrero se estrelló en la terminal de Once y mató a 51 personas.
“Esta connivencia es lo que en derecho penal se denomina complicidad criminal en la producción de un hecho”, expresó el fiscal en un duro dictamen entregado el martes en el juzgado a cargo de Claudio Bonadio, según dijeron a Clarín fuentes judiciales. El escrito fue presentado para formalizar la imputación que se les hace a los 30 imputados llamados a declaración indagatoria el lunes por el juez. Entre ellos se encuentran las cúpulas de las empresas TBA y su controlante, Cometrans, así como también los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, el actual titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Eduardo Sicaro, y su antecesor en el cargo, Pedro Ochoa Romero. Delgado también introdujo, respecto de los funcionarios ex funcionarios y directivos de las firmas, la figura del “peculado”, es decir que no los acusa sólo por un estrago culposo sino por un delito mucho más grave, penado con hasta diez años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El dictamen fiscal no toma como base o punto de partida la pericia conocida esta semana sobre las posibles causas del accidente sino básicamente los críticos informes públicos de la Auditoría General de la Nación (AGN), desoídos por el Congreso y el Poder Ejecutivo. Incluso, para el fiscal, luego de cumplirse con los pasos formales del proceso, con esta prueba alcanzaría para someter a los acusados a un juicio oral y público. “El concesionario hizo cuanto quiso, no cumplió con las pautas del contrato; en particular con las inversiones y mantenimiento. Pese a ello el Estado inyectó fondos pero los funcionarios deliberadamente optaron por no controlar”, resumió el fiscal en un párrafo de su extenso dictamen. Delgado tiene experiencia en la materia por cuanto fue acusador en una causa similar por el estado de la ex línea Roca, donde desarrolló esa misma línea y logró procesamientos confirmados por la cámara de apelaciones y donde ya pidió la elevación a juicio. Además de los informes de la AGN, el fiscal sostuvo que hubo un “alerta decisivo” el 13 de setiembre del año pasado, cuando una formación de la ex línea Sarmiento embistió a un colectivo en Flores. “Pero todo permaneció igual”, dijo el fiscal. Delgado consignó los datos aportados por la AGN, presidida por el radical Leandro Despouy, en cuanto a los multimillonarios subsidios recibidos por TBA desde su aplicación, a partir de 2003. La cifra da 1.924 millones de pesos, con 19 actualizaciones, cuyos motivos, según cita el fiscal a la AGN, no fueron debidamente explicitados. El dictamen admite que la CNRT hizo “ciertos controles” pero destaca que “esa actividad no fue ejecutada por la Secretaría de Transporte”. Por ejemplo, en el cobro efectivo de las multas aplicadas ya que éstas esperan su aplicación en los despachos de la secretaría conducida ahora por Alejandro Ramos. Es más, en caso que Transporte actuara la empresa podría apelar a la Justicia y seguir sin pagar. “Esa complicidad, probablemente anclada en un pacto (expreso o tácito, no interesa) entre TBA, la CNRT y la Secretaría de Transporte disolvió cualquier chance de control real, tal como ocurrió en el Roca”, sostuvo el representante del Ministerio Público. El fiscal habló también de “desidia” y tras explicar el origen latino de la palabra podría significar, según éste, “abandonar el puesto”. No se refirió precisamente al maquinista de la formación, que terminó herido al comando del tren, sino al rol que él atribuye al Gobierno. Y también hizo un paralelo jurídico con la tragedia de Cromañón, ocurrida a pocos metros años antes pero con un saldo mucho mayor de muertos. En cuanto al peculado, Delgado explicó que “el delito consiste en sustraer caudales o efectos cuya administración fue confiada a los funcionarios en razón de su cargo”. En este caso, según el fiscal, se trata de “los fondos cuya administración estaba en cabeza de la Secretaría de Transporte”. (Clarín)