23/02/12
Con entusiasmo, esperaba TBA más dinero del Gobierno
La conducción de Trenes de Buenos Aires (TBA) hasta antes de la tragedia de ayer estaba entusiasmada. La semana pasada, la empresa había recibido el dato de que en los primeros días de marzo sería citada para comenzar a discutir el panorama tarifario de 2012. La decisión del Gobierno era tener un panorama cerrado para cuando terminara marzo y así encarar la discusión salarial de los dos sindicatos vinculados a los trenes (la Fraternidad, de maquinistas, y la Unión Ferroviaria, el resto de empleados) con el panorama tarifario despejado. Esto incluía las primeras discusiones sobre cuál iba a ser la reducción de subsidios a través del sistema de la tarjeta SUBE y el nuevo precio de los boletos. La compañía tenía un temor concreto: no llegar a abril, mes de las discusiones de las paritarias con un horizonte claro sobre cuánto aportaría este año de ajustes el Gobierno para cubrir los aumentos. TBA y el resto de las compañías que operan el servicio ferroviario se habían entusiasmado ante la posibilidad de un aumento salarial en todo 2012 del 18% para los trabajadores y de un aumento de más del 20% en el dinero que podrían percibir por un crecimiento en el precio de las tarifas. Hacia adentro se hablaba de la posibilidad de una mayor rentabilidad. Todas las empresas sabían que la situación no sería fácil. Enfrente tendrían nada menos que al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Sin embargo, varios operadores decían hasta la semana pasada que podrían lidiar con el funcionario y sus números de costos. Desde 2007, como mínimo, la empresa de los hermanos Cirigliano, como el resto de las compañías que operan los servicios ferroviarios y reciben subsidios en la tarifa final, justifican que no pueden avanzar en mayores inversiones en el sistema ferroviario. La explicación es que el dinero que reciben sólo alcanza para cumplir con los salarios de los operadores y algún mantenimiento puntual. El resto, la inversión, debía hacerla el Estado. Así lo explicaba la misma empresa TBA, al ser sancionada en octubre de 2005 por el juez federal Ernesto Marinelli que falló en contra de la compañía de los Cirigliano por «discriminación». Concretamente, el magistrado había determinado que la empresa debía «abstenerse de otorgar a los usuarios de la línea Sarmiento un trato desigual y secundario respecto de los de la línea Mitre, que implique una violación a la prohibición de discriminación». El fallo determinaba que los pasajeros del Sarmiento eran discriminados en comparación con los que viajaban en la línea Mitre trayecto Retiro-Tigre. Entre otras cuestiones, el juez Marinelli afirmaba que esta última línea tenía aire acondicionado y el Sarmiento no. En un comunicado de prensa la firma había asegurado que «ante la intimación planteada por el juez Marinelli, TBA señala que las formaciones ferroviarias de la empresa presentan en general un buen estado de conservación y que lejos de discriminar a los pasajeros de distintas líneas, desarrolla el mismo plan de limpieza y mantenimiento en todos los ramales». En julio de 2007, el mismo juez Marinelli volvió sobre el tema y sancionó a TBA a pagar unos $ 10.000 diarios hasta que mejore el servicio del Sarmiento en el ramal Once-Moreno. En ese momento la empresa calificó el fallo como «ridículo» ya que el Sarmiento tendría «los trenes más modernos del país». Según el Presupuesto para 2012 aprobado por el Congreso, la Secretaría de Transporte de Juan Pablo Schiavi tendrá este año $ 18.261 millones para subsidiar el transporte. Dentro de este dinero, $ 4.825 millones corresponden al programa de Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Ferroviario. De este dinero, para el rubro gastos corrientes (fundamentalmente sueldos) están presupuestados $ 3.343 millones, mientras $ 911 millones se destinan a gastos de capital (mantenimiento). El resto de las inversiones (vagones, máquinas, infraestructura) correrían por parte del Gobierno nacional. Puntualmente en el caso de TBA, el Presupuesto preparó $ 107 millones por gastos corrientes más $ 72 millones para gastos de capital. La compañía esperaba para poder discutir sus salarios en las próximas negociaciones paritarias una reasignación de partidas fruto de la aplicación de la ley de emergencia económica, para recibir más dinero para destinar a los aumentos salariales. (Ambito Financiero)