12/12/12
Sin consenso, se retrasaría el tratamiento de la ley del subte
Todavía no hay consenso para aprobar la ley del traspaso del subte y aún no se sabe si la tratarán mañana, en la última sesión de la Legislatura porteña, o si llamarán a sesiones extraordinarias. La oposición se resiste al impuesto a las naftas y a declarar al subte “servicio público esencial”, lo que limitaría el derecho de huelga. Además del proyecto del PRO, hay un despacho de minoría del interbloque K y otro de diputados de otros bloques opositores. Mientras, un proyecto de Alejandro Bodart (MST-Proyecto Sur) busca reestatizar el subte. Hasta ahora el PRO tiene 28 de los 31 votos necesarios para aprobar la ley. Por eso es improbable que la debatan mañana. En cambio, sí trataran el Presupuesto, la Ley Tarifaria y el Código Fiscal. “La ley debe generar fuentes de financiamiento genuino y encausar la conflictividad gremial –dice el diputado Martín Ocampo (PRO), autor del proyecto–. Estamos dispuestos a negociar, pero si proponen alternativas viables para estos puntos. Vamos a seguir conversando hasta fin de mes y si el proyecto no se aprueba, tendremos que sesionar en enero. Porque sin ley, no hay subte para la Ciudad”. El despacho de Rafael Gentili y Virginia González Gass (Proyecto Sur), Fabio Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez y Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica), ordena una auditoría del contrato, el estado del subte y de Metrovías. Y establece un Fondo de Subsidio a la Tarifa, formado con parte de las ganancias de AUSA, en virtud de la ley 3.060, el 4% de lo recaudado por Patentes, y todos los ingresos por impuesto de sellos por venta y transferencia de autos, y estacionamiento medido y acarreo, entre otros ítems. El proyecto kirchnerista también propone una auditoría a Metrovías. “Estamos de acuerdo con el aumento de las patentes para los autos con una tasación fiscal superior a $ 150.000, pero no con un impuesto a los combustibles –dice la diputada María José Lubertino–. Además de las partidas asignadas por el Ejecutivo o la Legislatura, el subte debe financiarse con el 5% de las ganancias de AUSA destinado a infraestructura, que establece la ley 3.060, más otro 5% para el funcionamiento del servicio. Y nos oponemos a que se afecten los derechos de los trabajadores declarando al subte como esencial”. (Clarín)