06/12/12
Oposición al PRO endurece rechazo a ley para subtes
Mauricio Macri ayer en la asunción de su colega del Distrito Federal de México, Miguel Ángel Mancera, y el saludo al saliente mandatario, Marcelo Ebrand. Los sindicalistas conocidos como metrodelegados suspendieron, para alivio de los usuarios, el paro escalonado que habían anunciado para hoy, ante una citación del Gobienro porteño de continuar las negociaciones salariales. A la vez, fracasó nuevamente ayer el macrismo en el intento de conseguir emitir el despacho del proyecto de ley mediante el cual Mauricio Macri quiere hacerse cargo de los subterráneos porteños. No hubo acuerdo en un plenario de comisiones que volverá a reunirse mañana. Al PRO le faltan tres votos para sancionar esa norma y la oposición no cede en firmar la iniciativa a la que ya no solamente le cuestiona algunos planteos sino también pone en duda que esa ley no requiere mayoría de dos tercios. Contando que requiere 31 voluntades, inclusive ahora está en duda el voto del bloque aliado de dos bancas que conduce Juan Pablo Arenaza, si no hay cambios en la redacción. El PRO ahora está dividido como lo estuvo, siempre calladamente, con respecto a la decisión de Macri de no haber aceptado la responsabilidad en enero pasado cuando se arrepintió de poner su firma en un acta acuerdo con el Gobierno nacional para aceptar la transferencia del servicio. Un sector ya tiene pensado un proyecto alternativo, pero desde el Ejecutivo por ahora insisten en que «tienen que votar la ley que mandamos». Con esa consigna, la oposición pone en duda si realmente el macrismo apunta a concretar el gerenciamiento de los subtes. Según el legislador Martín Ocampo (radical-PRO) -coautor de la iniciativa- «estamos dispuestos a hacer cambios, pero siempre que no modifiquen el espíritu de la ley». Ese «espíritu» está contenido en declarar el servicio «esencial» para que impedir su paralización completa como medida de protesta; en obtener un financiamiento a través de cargas impositivas; en incluir multas por impedir el funcionamiento del servicio, por ejemplo arrojando elementos en las vías y, en conseguir un período de 5 años de declaración de emergencia del servicio que le otorgará a Macri superpoderes para evitar licitaciones y aumentar la tarifa sin mayores trámites. Uno de los puntos más polémicos es la catalogación de «esencial» que ha tenido el rechazo, inclusive, de la Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini quien en un escrito explicó por qué sólo debe considerarse al subterráneo «un servicio público». La exigencia de los funcionarios del Ejecutivo, sin embargo parece ablandarse cuando explican que «no tiene por qué ser textual» el proyecto que llegue al recinto para el debate previsto el próximo 13 de diciembre. Lo que pide ahora el PRO es que la oposición esté dispuesta a llegar a un acuerdo. Esa instancia, aseguran, «no existe» todavía y mañana, cuando se vuelvan a reunir las comisiones, seguramente habrá varios despachos: el PRO firmará el suyo de mayoría, la Coalición Cívica y Proyecto Sur coincidirían en otro, el interbloque kirchnerista también redactará lo suyo y lo mismo harán tradicionales aliados del macrismo. Por ejemplo, el legislador Daniel Amoroso, un ex PRO que ha acompañado muchas iniciativas del oficialismo porteño, cuestiona artículos de la ley que considera no serían válidos. «Si realmente el PRO quiere que Macri se haga cargo del servicio tiene que ser un poco más flexible y sentarse a conversar cambios. De otra manera parece que quieren no tener ley y responsabilizar a la Legislatura de que otra vez el Gobierno porteño no se hace cargo de los subtes», explicó Amoroso. El plan B de lo macristas buscará que, si no hay declaración de «servicio esencial» se busque una cláusula que asegura una prestación del transporte en casos de huelga, o bien sellar una tregua con los sindicalistas mientras se acomoda el gerenciamiento. La declaración de «emergencia» podría bajarse de cinco años y extenderse sólo por 2 o 3. Otro cambio que analiza el PRO es el de los ingresos a través de un adicional a los combustibles, si es que la oposición le propone subas en otros rubros. Como sea, por ahora la discusión está trabada más que nada en la cantidad de votos que se necesitan para sancionar la ley. Según Aníbal Ibarra, el proyecto de ley estaría contenido en el artículo 82 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que establece que con 40 votos (dos tercios del pleno) la Legislatura «aprueba toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad, por más de cinco años». Para Ocampo como «no se está concesionando inmuebles sino un servicio, se aprueba con 31 votos». (Ámbito Financiero)