28/11/12
Subte: cruces por la intención de declararlo servicio esencial
Los gobiernos Nacional y de la Ciudad tuvieron un nuevo cruce por los subtes, esta vez por el derecho a la huelga. En el proyecto de ley para regular el sistema de transporte subterráneo, que fue presentado ayer en la Legislatura, el macrismo pretende declararlo “servicio público esencial”, para que los trabajadores garanticen su funcionamiento aún cuando estén realizando medidas de fuerza. El ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, calificó a la medida como un “amedrentamiento” para impedir el derecho de huelga. El ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, la justificó afirmando que “no se pueden hacer cortes intempestivos”. El proyecto, que fue presentado por el legislador del PRO Martín Ocampo, prevé establecer “que el transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo es un servicio público esencial”. En otro artículo, detalla que en caso de conflicto, se deberá garantizar la prestación del 90% de los servicios regulares en horas pico y el 60% el resto del día. Además, considera que la obstaculización o interferencia del subte es una infracción administrativa grave y ordena que la concesionaria presente una denuncia penal en casos de interrupciones o bloqueos del servicio. Y dispone multas de 5.000 a 100.000 unidades fijas, es decir de entre $ 8.300 y $ 166.000, para “el que impidiere, estorbare o entorpeciere el funcionamiento del servicio”. En medio de las reuniones con Metrovías y la Subsecretaría de la Ciudad porteña por las paritarias, ayer el Secretario General de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli, acusó: “El Gobierno porteño, en vez de ocuparse de hacer un subte mejor, lo único que tiene en el proyecto son objetivos de limitar a los trabajadores, cercenar derechos y perjudicar a los ciudadanos”. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, fue muy crítico con la iniciativa: “Claramente, hay una intención de impedir un ejercicio de huelga, aunque es cierto que debería haber un ejercicio muy prudente del derecho de la huelga”, opinó. Y acusó al macrismo de tener una intención de “amedrentamiento”. El funcionario explicó: “El subte no es un servicio esencial en el sentido técnico que utiliza la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque hay otros medios alternativos para desplazarse”. En efecto, la OIT define como esenciales a los servicios “cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”. Esto incluye al sector hospitalario, los servicios telefónicos, de abastecimiento de agua y de electricidad y el control del tráfico aéreo. Sin embargo, no considera esencial al transporte metropolitano. Por su parte, el ministro de Hacienda de la Ciudad, Néstor Grindetti, defendió el proyecto oficial: “No se pueden hacer esos cortes intempestivos sin avisar, sin dar tiempo para negociar. Cuando un transporte público se denomina esencial, tiene algunos requisitos, pero no elimina el derecho de huelga. Lo que pasa es que tienen ciertos avances en la negociación que hay que respetar y mantener bajo responsabilidad del concesionario y de los trabajadores un cierto nivel del servicio sin cortarlo”, sostuvo en declaraciones a radio Continental. “El subte y los medios de transporte en general no son servicios esenciales –aclaró el abogado laboralista Guillermo Pajoni–. Un servicio es esencial cuando es vital para la vida humana. En ese caso, para ejercer el derecho a huelga sí hay que informarla con anticipación y ofrecer determinadas garantías de servicio. Pero en el caso del subte, que no es esencial, este proyecto está tratando de impedir que los trabajadores hagan uso de un derecho humano esencial, como es el derecho de huelga”. La Argentina sigue la línea de la OIT. El decreto 843 del año 2000 establece como esenciales a los servicios sanitarios y hospitalarios; la producción y distribución de agua potable y energía eléctrica; los servicios telefónicos, y el control de tráfico aéreo. Aunque deja abierta la posibilidad de declarar otros servicios como esenciales si una interrupción prolongada “pudiera poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la persona en toda o parte de la comunidad; provocar una situación de crisis nacional aguda que hiciere peligrar las condiciones normales o de existencia de la población, o cuando la actividad afectada sea un servicio público de importancia trascendental o de utilidad pública”. (Clarín)