16/07/12
La Ciudad avizora que se reactivará el conflicto por el traspaso con la Nación dicen no estar al tanto de la eventual rescisión
En el macrismo prima el silencio. “No vamos a hablar sobre algo que no sabemos”, señalaron tres fuentes del Gobierno porteño consultadas por BAE, en referencia a que el Grupo Roggio advirtió que rescindirá el contrato de concesión del subterráneo y el Premetro. Lo que sí saben es que una medida así reabrirá el conflicto con la Casa Rosada por el frustrado traspaso del servicio. La pelea entre el Poder Ejecutivo nacional y la administración de Mauricio Macri comenzó apenas la presidenta Cristina Fernández resolvió transferir los subtes a la Ciudad. A comienzos de noviembre pasado, funcionarios de ambos gobiernos se reunieron por primera vez para acordar las condiciones y los plazos de la transferencia. De inmediato, desde PRO dijeron que el traspaso se concretaría siempre y cuando fuera con los recursos correspondientes. Pocos días después, el Gobierno nacional hizo una propuesta: la Ciudad tendría que hacerse cargo del servicio a partir del 1º de diciembre y la Nación se comprometía a pagar el 50 por ciento del subsidio ($360 millones) durante todo 2012. En medio de un tira y afloje, la administración porteña presentó una contrapropuesta en la que solicitó extender el subsidio hasta 2017, que la Nación le firme los avales para endeudarse por mil millones de dólares para avanzar en las obras de expansión de las líneas A, B y H, y 90 días para la transferencia. Cuando las discusiones parecían estancadas, de manera sorpresiva, el 3 de enero de 2012, ambos gobiernos firmaron el acta de traspaso de los subtes a la Ciudad. La Nación se comprometió a pagar el 50 por ciento del subsidio y en los próximos 90 días ambas administraciones continuarían con el análisis del traspaso administrativo en el manejo del servicio. La pelea había terminado, incluso el Gobierno nacional intentó mantenerse al margen de la discusión que se abrió entre PRO y los sindicatos y las ONG de defensa del consumidor a partir de la decisión de Macri de aumentar la tarifa del boleto, de $1,10 a $2,50. Macri volvió a poner en escena la disputa con la Nación: suspendió de manera unilateral la participación de los funcionarios porteños en la comisión de trabajo que integra la Ciudad y la Nación para concretar el traspaso definitivo. Como respuesta, la Casa Rosada envió un proyecto de ley para que el Congreso ratifique el traspaso del subte y 33 líneas de colectivos. Tras la sanción de la norma en marzo pasado, desde el macrismo repitieron que no estaban en condiciones de hacerse cargo de los subtes y que el Gobierno nacional tenía que garantizar la seguridad en los andenes, ante la amenaza de retirar a efectivos de la Policía Federal. En ese momento, fuentes de PRO especularon con que la Ciudad sólo estaría obligada a hacerse cargo del servicio si la Nación rescinde el contrato de concesión con Metrovías. La Ciudad y la Nación siguieron la pelea en la Justicia, a la vez que el Gobierno porteño se negó a sentarse a discutir paritarias en el Ministerio de Trabajo. Tras varios encuentros frustrados, el titular de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), Juan Pablo Piccardo, se presentó y, finalmente, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) aceptaron la propuesta salarial de Metrovías. Sin embargo, en agosto, se reabrirán las negociaciones paritarias, en coincidencia con la sorpresiva decisión de la empresa concesionaria de desligarse del servicio de subtes. (Bueno Aires Económico)