08/06/12
Una empresa inglesa controla la SUBE desde las sombras
Una empresa inglesa sin oficinas en la Argentina, con un domicilio legal caduco y con un misterioso pasado en Inglaterra controla la tarjeta SUBE. Se trata de Global Infraestructure (GI), la firma británica que firmó un contrato por $65 millones con la Secretaría de Transporte. Esta compañía todavía no existía cuando comenzó la licitación para supervisar el boleto electrónico. LA NACION comprobó que la firma montó "oficinas virtuales" en Londres, que ofrece una dirección inexistente en Buenos Aires y que el Estado le paga cerca de 3 millones de dólares en salarios aunque su personal no tiene lugar de trabajo. La Secretaría de Transporte dejó en sus manos el control de la SUBE. GI encabezó el consorcio integrado por ex funcionarios y ex asesores de Transporte que ganaron la sugestiva licitación para supervisar el boleto electrónico, pese a que una reconocida consultora internacional ofreció una oferta $ 10 millones más económica. Actualmente, la empresa inglesa está a cargo del "liderazgo técnico" de la operación. A pesar de su importancia estratégica en el proyecto, GI no tiene sede en el país: en Tucuman 1 4° piso -dirección señalada en su página web- funciona un estudio de abogados que atendió la cuenta de la firma británica apenas desembarcó en el país, pero -según expresaron- ya no mantiene ningún vínculo. Ese todavía es su domicilio legal en la Argentina. El liderazgo de GI se fundamentó en el currículum de Stephen Chandler, consultor británico y dueño de la empresa. Según consta en su CV, este especialista de 58 años fue vicepresidente de Electronic Data System, compañía que participó en el desarrollo de la tarjeta Oyster card de Londres. Chandler es "jefe de proyecto" de la supervisión de la SUBE. Es decir, es el máximo responsable de las operaciones. LA NACION reveló que el consultor británico cobra 40.000 dólares mensuales; casi 2 millones de dólares por los cuatro años de contrato. Aunque su trabajo requiere ocupación full-time, Chandler alterna su estadía entre la Argentina y Gran Bretaña, su lugar de residencia. "Todos los meses pasa un tiempo acá", justificó un allegado del inglés. Durante tres semanas, este medio intentó contactarlo en las oficinas de la supervisión de la SUBE, su lugar de trabajo en Buenos Aires, pero aclararon que el consultor inglés estaba en el exterior. "Chandler no tiene un lugar fijo de trabajo", reconocieron desde el consorcio. "Pasará unos días en Londres", informaron en su domicilio particular, en el interior de Inglaterra. Este medio se acercó en reiteradas ocasiones hasta el palacete estilo francés ubicado en Rivadavia 882, pero no encontró al "jefe de proyecto" ni a los otros dos empleados extranjeros también contratados en dólares por la Secretaría de Transporte. Ayer, en una última comunicación, detallaron que Chandler había regresado al país, pero se negó a responder. El consultor británico no es el único contratado en dólares por Transporte. También Marcela Ashley y Steve Beer, sus asistentes para controlar la SUBE, fueron empleados en las mismas condiciones. Como "program assurance", Beer percibió un salario mensual de 40.000 dólares durante un año. El total de su contrato: 414.120 dólares. Bajo el rótulo de "stakeholders management", Ashley cobró 24.000 dólares mensuales. Su contrato final, por doce meses, asciende a 247.860 dólares. "Global [Infraestructure] es Chandler. Acá [en Argentina] son dos empleados: una recepcionista y un técnico. Beer y Ashley trabajan desde Londres. Como es un trabajo técnico, directamente ni vienen para acá", dijo una fuente que firmó documentos importantes de la licitación. LA NACION intentó contactarse con Beer y con Ashley para consultarles sobre las tareas específicas que desarrollan para controlar la SUBE, pero no pudo ubicarlos ni en las oficinas del consorcio ni en los teléfonos de contacto en el extranjero. La Secretaría de Transporte tampoco respondió las consultas por GI y sus empleados. La supervisión del boleto electrónico incluye un contrato en pesos y otro en moneda extranjera. El contrato en dólares es de casi 4,5 millones de dólares. Además de los millonarios sueldos, el Estado contempla "vuelos internacionales" y "viáticos". Se estipularon 72 viajes por un total de casi 500.000 dólares. GI todavía no existía cuando la licitación para controlar la SUBE ya había comenzado. La sociedad fue inscripta el 22 de junio de 2009 en el registro oficial de Inglaterra y Gales con un capital de 100 libras esterlinas. El pasado de GI en Inglaterra despierta misterio. Este medio intentó contactarse con la sede central de la compañía en 78 York Street, Londres, su domicilio legal y su oficina. Llamó a los distintos teléfonos de contacto pero nunca consiguió el teléfono fijo. La casa matriz de la empresa no existía. Según pudo saber LA NACION, la firma alquiló esa dirección del coqueto barrio de Marylebone como domicilio legal. En ese mismo lugar funciona una firma que ofrece servicios de "oficinas virtuales". Alquilan un "domicilio de negocios" en la capital británica por 40 libras esterlinas al mes, indispensable para recibir correspondencia. Todos sus clientes comparten el mismo domicilio: 78 York Street. Con esos mismos datos, GI figura en la Inspección General de Justicia de la Argentina. Meses después de su registro legal en Inglaterra, la firma actualizó su dirección. Lejos de las luces de Londres, el nuevo domicilio está situado en las afueras de Oxford, en Bicester, un pueblo que no supera los 29.000 habitantes. (La Nación)