06/02/12
Subtes: demandó Macri al Gobierno
Mediante dos amparos, el jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, solicitó a la Justicia que le prohíba al gobierno nacional continuar con la transferencia de los subterráneos y retirar a la Policía Federal de las estaciones. Al cabo de reuniones con sus equipos durante el fin de semana, Macri asumió que el diálogo con la Casa Rosada está interrumpido, especialmente después de las duras críticas que le hizo la Presidenta durante su discurso en el Congreso el jueves pasado. Por eso, antes de que el ministro de Planificación, Julio De Vido, que ayer intimó a Macri por nota a hacerse cargo del subte, presente su anunciada demanda contra la Ciudad, Macri reforzó su estrategia y les ordenó a la Procuración General, a cargo de Julio Conte Grand, y a la empresa Subterráneos de Buenos Aires presentar dos amparos, acompañados del pedido de dos medidas cautelares. A primera hora de ayer, como paso previo a la anunciada demanda que presentará la Nación contra la Ciudad, el Ministerio de Planificación difundió la carta que le envió a Macri para intimarlo a hacerse cargo del servicio de subterráneos. En rechazo de la nota que había enviado Macri el 1° de marzo, De Vido "lo intimó formalmente y con inmediatez" a tomar a su cargo esa tarea, con la advertencia de reclamarle responsabilidades civiles y penales. "La decisión del jefe de gobierno de no aceptar ahora el traspaso de ese servicio es ilegítima, irrazonable, arbitraria e inconstitucional", sostuvo el titular de Planificación. El diálogo entre la Presidenta y Macri está interrumpido, y si bien siempre hay margen para retomarlo, el jefe de Pro parece dispuesto a reformar su estrategia de confrontación. "Cristina Kirchner no responde ni las llamadas, ni las cartas, ni ningún tipo de acercamiento. El gobierno nacional no quiere hablar ni negociar", afirman en el entorno de Macri. Por eso, tratando de anticiparse a aquel reclamo de la Nación, Macri planteó los suyos, para dejar asentada su posición. El primer amparo fue promovido por el procurador general, Julio Conte Grand, para reclamarle a la Justicia una medida de no innovar que le prohíba al gobierno nacional dictar cualquier medida que signifique la continuidad de la transferencia. "La Ciudad quiere la transferencia, pero no de cualquier manera", dicen cerca del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. La causa quedó radicada ante el juzgado federal en lo contencioso administrativo a cargo de Esteban Furnari, que fue inmediatamente recusado. Finalmente, tras un sorteo, el expediente quedó en manos de la jueza Claudia Rodríguez Vidal. La otra causa fue promovida por la empresa Subterráneos de Buenos Aires (Sbase). Allí le solicita a la jueza en lo contencioso y tributario porteña Carina Cicero que le prohíba al Ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré, desligarse de su deber de custodiar el servicio, personas y bienes en ese medio de transporte. Toda la controversia gira en torno a la interpretación que cada gobierno hace del acta firmada el 3 de enero entre De Vido y el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por un lado, y Macri, por el otro. Para el Gobierno, esa acta implicó la aceptación total de la transferencia, sin condiciones. En cambio, Macri, en el amparo presentado ayer, sostiene que en esa acta la Ciudad sólo ratificó su decisión de aceptar esa transferencia y asumió el control y la fiscalización de la concesionaria y la atribución de fijar las tarifas. "Pero -dice la demanda-, para que se opere esa transferencia debe cumplirse, antes, con la cláusula quinta, que reclama que Sbase y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte elaboren, en forma conjunta, proyectos para formalizar todas las cuestiones legales, económicas y administrativas." Incumplimiento Según la Ciudad, la Nación incurrió en varios incumplimientos, Por ejemplo, la Secretaría de Transporte, cuando dictó la resolución 10, del 26 de enero, cambió el destino de parte de los subsidios de 30 millones de pesos mensuales que debería estar otorgando para el fin exclusivo del mantenimiento del servicio. La Ciudad presentó un recurso administrativo, que aún no fue resuelto. Según la Ciudad, esta condición es previa para avanzar con la trasferencia y no se puede considerar cumplida hasta que ambos gobiernos lleguen a un acuerdo sobre temas pendientes, que incluye el pago de las obras comprometidas por la Nación por unos mil millones de dólares; el pago competo del subsidio a la tarifa; la renegociación con Metrovías, la concesionaria que opera los trenes que son propiedad de Sbase, y, también, la aprobación expresa de la Legislatura porteña. "Sin el cumplimiento de la totalidad de los actos previstos en el artículo quinto del acta del 3 de enero de 2012, es jurídica y fácticamente imposible concretar la transferencia del servicio y del contrato de concesión", señala la presentación efectuada por Conte Grand. En esa misma línea, la Ciudad considera que la Nación tampoco puede deslindarse de su deber inexcusable de prestar seguridad a cargo de la Policía Federal hasta que la Nación y el distrito porteño firmen un convenio bilateral. (La Nación)