15/02/12
Macri advirtió que la Ciudad podría rechazar el subte
Lo que venía siendo una serie de versiones y comentarios off the record se convirtió ayer en un importante tema de la agenda política: el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri reconoció públicamente que su administración estudia rechazar el traspaso del subte, ante las trabas en la negociación con el Gobierno nacional para definir las condiciones de esa transferencia. Así, se volvió a desatar una fuerte polémica entre el macrismo y el kirchnerismo. Clarín había anticipado el jueves pasado que la Ciudad estudiaba devolver el control del subte. Ayer, Macri aseguró: “En estos 90 días se va a definir si se puede realizar o no. Hay que trabajar con buena fe, en equipo y sin chicanas”.
Más tarde, en diálogo con este diario, la vicejefa María Eugenia Vidal agregó: “El Gobierno nacional tiene un problema en general con el transporte, como se ve con Aerolíneas Argentinas y el SUBE. En ese marco, nos pidieron ayuda con el subte. Hicimos el esfuerzo pero siempre aclaramos que aceptábamos el traspaso si se garantizaban las condiciones para que la gente viaje mejor, y para eso hacen falta inversiones y seguridad. Quedan 45 días y seguiremos negociando, pero pedimos buena fe”. En el Gobierno nacional criticaron los comentarios del macrismo. “Es una falta de coherencia por parte de un político que piensa ser presidente. Después del proceso que se ha empezado, de las firmas de los convenios y de todo el trabajo en conjunto, que Macri esté dudando sobre el traspaso nos parece una falta de seriedad absoluta y habla muy mal de ellos, que dicen que en Argentina hay baja seguridad jurídica”, disparó el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. En noviembre, la Nación anunció el traspaso del subte a la Ciudad, y entonces se desató una primera discusión sobre cuándo concretarlo. Tras un pedido de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la Ciudad aceptó hacerse cargo del servicio, pero si se abría un plazo de 90 días para negociar las condiciones.
Así, el 3 de enero se firmó el acta, en la cual se transfirió el control y la potestad de fijar la tarifa: por eso la Ciudad ordenó que a partir del 6 de enero el boleto pasara de $ 1,10 a $ 2,50. Además, explicaron que esa suba estaba contemplada desde 1999, cuando se hizo una modificación del contrato de Metrovías, la concesionaria. La Ciudad justificó ese aumento porque, en el acuerdo parcial firmado en enero, la Nación se comprometía a pagar por un año la mitad del subsidio que aportaba para mantener congelada la tarifa: $ 360 millones al año. Sin embargo, en el Gobierno porteño aseguraron que hasta ayer la Nación había depositado sólo una parte del dinero a Metrovías, mientras que el resto estaba “en un fideicomiso al que todavía no pudimos acceder”. Pero más allá de la cuestión tarifaria, la discusión en la mesa técnica no pudo avanzar. La Ciudad reclama que la Nación se comprometa a concretar algunas obras para mejorar la red, como la compra de 45 vagones al gobierno de China para la línea A, inversiones en señales y otras tareas. También, que avalen la toma de préstamos internacionales para expandir la red, créditos que asumiría la Ciudad. Es que, según el macrismo, a la red del subte y el Premetro, que usan 1,5 millón de pasajeros por día, le faltan 1.000 millones de dólares en inversiones. En principio, lo que no corre riesgo es la obra para expandir la línea E desde Plaza de Mayo a Retiro, tarea que siempre tuvo a su cargo el Gobierno nacional. Sin embargo, la Nación no habría garantizado ninguno de los puntos conversados. Y a esto se sumó un tema que en la Ciudad tomaron como una provocación: por orden de Nilda Garré, el Ministerio de Seguridad comenzó el pasado miércoles a sacar por etapas a los 800 efectivos de la Policía Federal que custodian el servicio. “Es una decisión que va en contra del proceso de traspaso”, aseguró Macri al respecto. En tanto, fuentes del Gobierno porteño afirmaron que no piensan quitarle la concesión a Metrovías , versión que circulaba desde la semana pasada. De hecho, uno de los puntos a definir, justamente, es qué hacer con el contrato firmado en 1993 y que dura hasta 2017. Pero ese vínculo incluye, por ejemplo, la concesión del ferrocarril Urquiza, que nada tiene que ver con el Gobierno porteño. Si eventualmente ambos Estados llegaran a un acuerdo, el convenio deberá ser avalado por la Legislatura porteña. (Clarín)