17/01/12
La Justicia ratificó la suba a $ 2,50 de la tarifa del subte
Los 1,2 millón de pasajeros que todos los días toman el subte o el Premetro seguirán pagando el boleto a $ 2,50. Así lo resolvió la Justicia porteña, que rechazó cinco pedidos de medida cautelar que solicitaban dar marcha atrás con el aumento decidido por el Gobierno de Mauricio Macri y retrotraer el precio del boleto a $ 1,10. La decisión estuvo a cargo del juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Fernando Lima, quien resolvió no darles lugar a los amparos presentados por organizaciones no gubernamentales, ciudadanos particulares y legisladores de la oposición. Esta medida judicial provocó además que los trabajadores del transporte público, nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, anunciaran que decidirán en asamblea si toman alguna medida de fuerza, pese a que algunos de los delegados había dicho públicamente que no irían al paro si la Justicia avalaba el incremento tarifario. Este grupo de trabajadores venía desde la semana pasada y hasta ayer levantando los molinetes para que la gente viajara gratis, como forma de protesta. El 6 de enero, el Gobierno porteño aplicó la fuerte suba en el servicio. La justificación es que, al transferirle el servicio, el Gobierno nacional se había comprometido a aportar sólo $ 360 millones de los $ 700 millones anuales que venía usando para subsidiar el transporte. Al no tener los fondos ni una partida creada en su presupuesto para subsidiar al subte, el macrismo decidió subir la tarifa para compensar la falta de subsidios . Pero organizaciones de consumidores y legisladores opositores cuestionaron casi automáticamente el incremento. Su argumento es que, al igual que lo que sucede con los taxis y los peajes, si el Gobierno quiere aumentar una tarifa debe antes y obligatoriamente convocar a una audiencia pública para debatir el incremento. Pero en el Gobierno porteño contrapusieron dos argumentos. El primero, que en 1999, en el marco de una reformulación del contrato de Metrovías, concesionaria de la red de subtes, se había realizado una audiencia pública, tras lo cual se autorizó una suba del boleto de hasta 70 centavos de dólar, lo que nunca se había concretado. Para la Ciudad, esa audiencia seguía siendo válida, pese al tiempo transcurrido. Además, el subte se trata de un servicio público , y como tal su prestación nunca puede ser suspendida por una medida judicial. Según la Ciudad, el aumento se justificó en la necesidad de financiar el servicio, y si la Justicia lo frenara pondría el riesgo su continuidad. Ante estos argumentos, el juez Lima decidió que la causa por el amparo deberá continuar y que no hay que descartar que a futuro se le de la razón a los amparistas, pero que esto debe hacerse “con un estudio más profundo, con mayores elementos de prueba y con un mayor debate”, y no con la urgencia de una medida cautelar, que hasta podría perjudicar al servicio por la falta de financiación y subsidios. En otra parte de su fallo, el juez entendió que, al menos hasta ahora, no se advierte una “ilegalidad manifiesta” en la decisión de la Ciudad de aumentar la tarifa. En la oposición ya adelantaron que apelarán . Sin embargo, la situación no cambiaría hasta que se expida la Cámara de Apelaciones, lo que no sucederá en los próximos días porque, más allá de la complejidad de la causa, durante enero hay feria judicial. De cualquier manera, aún si el Gobierno convocara a la audiencia pública la tarifa de $ 2,50 seguiría vigente. Es que esas audiencias no son vinculantes, aunque la gente se manifieste en contra, el Gobierno podría igualmente sostener la suba tarifaria. (Clarín)