30/12/14
Acusan a contratistas internacionales en caso de corrupción en Brasil
Empresas como Siemens y Alstom son investigadas por formar un cartel para ganar licitaciones de la construcción de ferrocarriles en el Estado de San Pablo
Los encabezados de este mes en Brasil han estado llenos de alegatos de corrupción involucrando a la compañía estatal Petrobras y a la coalición en el poder dirigida por la presidenta Dilma Rousseff.
Sin embargo, aunque ha recibido menos atención, otro prolongado escándalo involucrando el sistema ferroviario de pasajeros en San Pablo está llegando a un punto crítico. En esta ocasión los contratistas internacionales y el principal partido de oposición, el PSDB, están bajo sospecha pública.
A principios de este mes, la policía levantó cargos contra 33 personas y congeló más de R$ 600 millones (u$s 223 millones) en activos de seis compañías, incluyendo cinco extranjeras, entre ellas Siemens de Alemania y Alstom de Francia, avergonzando al PSDB que ha manejado al estado de Sao Paulo por 20 años. La Suprema Corte está considerando si juzgar a dos opositores políticos, incluyendo uno del PSDB, José Aníbal, en relación con este caso en el que los contratistas están acusados de dirigir un cartel para ganar ofertas de construcción con la colaboración de políticos. "Un grupo de compañías, entre ellas Siemens y Alstom, se unieron y formaron un consorcio para ganar una oferta internacional para la construcción de cinco de las estaciones del metro de Sao Paulo con la intención de disminuir competencia en una actividad configurada como un cartel", dijo el procurador general en una petición a la Suprema Corte.
La supuesta manipulación de ofertas para la construcción del sistema bajo tierra del Metro de San Pablo y sus líneas CPTM sobre tierra son un motivo de vergüenza para el PSDB, cuyo candidato Aécio Neves estuvo cerca de ganar las elecciones a Rousseff en octubre.
Neves atacó repetidamente a Rousseff y su partido sobre el escándalo de Petrobras, en el que muchos políticos, incluyendo ministros, supuestamente colaboraron con compañías constructoras para recibir comisiones ilícitas de los contratos de Petrobras.
El escándalo se ha convertido en una crisis para la compañía más grande de Brasil, que actualmente está bajo investigación por la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU, y se ha convertido en una prueba para Rousseff, quien está resistiendo las llamadas para que su amiga, Maria das Graças Foster, la directora de Petrobras, renuncie.
Pero el escándalo ferroviario de San Pablo, que abarca 15 años de gobierno del PSDB, de 1998 a 2013, muestra que la corrupción en la obra pública es un problema brasileño, no sólo el caso de un partido, según analistas.
"Las condiciones en Brasil son favorables para los carteles", dijo Carlos Ari Sundfeld de FGV, una institución académica en Sao Paulo. La policía no ha hecho públicos los nombres de los 33 individuos acusados en el caso del cartel del metro.
El caso vio la luz cuando la agencia antimonopolio de Brasil, CADE, ofreció clemencia a Siemens a cambio de cooperar con sus investigaciones.
Al principio del año, CADE inició procedimientos contra 18 compañías, incluyendo Siemens, Alstom, Mitsui de Japón, Bombardier de Canadá y otras así como 109 individuos, alegando que habían coludido para ganar ofertas por R$ 9.400 millones a través del país.
Dio detalles de conversaciones secretas entre supuestos miembros del cartel.
"Estas prácticas ocurrieron desde por lo menos 1998 y se extendieron hasta la intervención de la autoridad en julio de 2013", dijo CADE.
Siemens aseveró que estaba ayudando en el caso, que dijo que se había originado a partir de información donada voluntariamente a las autoridades después de una auditoría interna. Alstom dijo que también estaba cooperando con las autoridades. Los abogados de Aníbal declinaron responder a la solicitud de información.
Mitsui dijo que "si se le solicitan" colaborará con las autoridades en el caso, mientras que Bombardier dijo que guarda los "estándares éticos más altos" y que ha estado cooperando con la investigación.
La oficina del procurador general dijo a la Suprema Corte que las compañías involucradas en el caso sobornaron a funcionarios públicos.
"Subrayamos el pago de ventajas inmerecidas a agentes públicos para ganar", dijeron.
Sundfield de FGV dijo que el enjuiciamiento de los casos de los trenes y de Petrobras por la procuraduría de Brasil y la policía federal demostraban el desarrollo más efectivo de las instituciones que aplican la ley en el país en las últimas décadas.
Pero dijo que las políticas brasileñas siguen fomentando la formación de carteles. A las autoridades públicas se les requiere que hagan ofertas públicas, lo que significa que las compañías bajo sospecha de colusión y de fijar precios no podrían ser excluidas de las licitaciones.
Las reglas de contenido local de Brasil que forzaban a las compañías a producir equipos en el país también limitaban el campo de competencia en los proyectos grandes, como la construcción de vías o vagones ferroviarios. (Cronista)