08/10/10
EL TREN DE POTASIO ACUMULA NUEVOS CUESTIONAMIENTOS
La polémica por el tren de potasio que tienen que autorizar las autoridades de la Secretaría de Transporte sigue creciendo. Ahora la que ha salido a cuestionar el emprendimiento que prevé extraer grandes cantidades de potasio en la provincia de Mendoza es la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El proyecto que quiere llevar adelante el grupo minero brasileño Vale prevé la corrida regular de un tren cargado de potasio desde el sur del territorio mendocino hasta el puerto de Bahía Blanca.
Para la operación de ese tren especial, la compañía de cargas
Ferrosur —que tiene como accionista principal a la empresa brasileña Camargo Correa-- acordó con el grupo minero Vale una especie de "subconcesión" ferroviaria que está bajo análisis de Transporte para ver si se encuadra o no en el marco legal vigente.
En la última semana, el proyecto denominado Potasio Río Colorado se topó con un fuerte cuestionamiento del titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella.
El ombudsman salió a exigirle a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que se "expida" acerca de la viabilidad de la explotación debido a que "ni la autoridad nacional minera ni la ambiental han intervenido activamente en la evaluación del impacto ambiental del proyecto".
Sella consideró que el emprendimiento de Potasio Rio Colorado "podría provocar la contaminación de un curso de agua que es clave para las poblaciones de Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires".
"El pasivo ambiental generado por el proyecto podría provocar una importante salinización del entorno en general, y en particular la contaminación del curso de agua", sostuvo el planteo del ombudsman.
Tras tomar intervención en el tema por las presentaciones efectuadas por entidades ecologistas de La Pampa y Mendoza, Sella advirtió que el proyecto "afectaría la provisión de agua potable de más de un millón de personas y obligaría a reconsiderar el abastecimiento futuro de los 300.000 habitantes de Bahía Blanca".
El informe de la Defensoría puso de relieve las siguientes aristas del cuestionado proyecto:
-) "El proceso de extracción de potasio consiste en bombear agua caliente en el subsuelo para disolver el cloruro de potasio y la mezcla de sales, un resultado que luego será "conducido hacia la superficie, donde se cristaliza".
-) "La obtención del mineral implica la acumulación de cloruro de sodio a nivel del suelo, lo que genera -- a modo de residuo o remanente del proceso industrial-- 1,21 toneladas de sal por cada tonelada de potasio extraída. Esto representa 3.000.000 de toneladas de sal por año durante el período de producción del proyecto, el que se estima en más de 40 años".
-) "Las pilas de sal ocuparán una superficie de 210 hectáreas, de 50 metros de alto, que en principio serían depositadas directamente en el suelo sobre la margen del río Colorado".
-) "El Comité Interjurisdiccional del Río Colorado informó públicamente que la salinización del curso pondría en riesgo la actividad productiva de 150 mil hectáreas que utilizan el agua para el riego en una zona que presenta déficit hídrico".
El análisis del Defensor del Pueblo también resaltó que "al fuerte impacto sobre el recurso de agua debe agregase una situación similar sobre el paisaje que registrará varios desmontes de tierras y la pérdida de especies vegetales y animales".
Otro punto sensible del proyecto es que demandará "un millón de metros cúbicos diarios de gas, que equivale al consumo de toda la provincia de Mendoza".